Fiscalía Anticorrupción-Arequipa logra siete años de inhabilitación para exservidor del Ministerio de vivienda y constructora por obra inconclusa
Un servidor del Ministerio de Vivienda, Construcción Saneamiento y el representante de un consorcio que se coludieron para insertar datos falsos y conseguir así que la empresa cobre S/ 309 468.90 por construir un centro asistencial destinado a la población necesitada de las localidades de Marcani, distrito de Condesuyo, en Arequipa, fueron condenados a siete años de pena privativa de la libertad, a pedido del Cuarto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción del referido Distrito Fiscal.
La sentencia, obtenida en juicio oral tras la acusación formulada por el fiscal provincial Arturo Marcos Valencia Paiva, dispuso que tanto Andy Cristian Flores Sencia, supervisor de la obra “Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Habitat Rural de Marcani”, como Mauro Justo Cuba Baldeon, representante común del Consorcio Cayarani, cumplan también con siete años de inhabilitación para cualquier cargo estatal.
El hecho delictivo se produjo entre octubre del año 2012 y mayo de 2013, en el marco de los Programas que el Gobierno Nacional impulsó para implementar un centro de ayuda al habitat rural (Tambo), consistente en un pequeño centro de salud, comedor, baños y otros ambientes para reuniones y guarecer a la población de los lugares más alejados de Arequipa.
El fiscal anticorrupción Arturo Valencia demostró en audiencia que ambos acusados defraudaron patrimonialmente al Estado, colocando datos falsos en el cuaderno de obra e informes quincenales, con el fin de sustentar que dicha construcción había concluido al 100% y conseguir así que la empresa contratista obtenga el pago total de S/ 309 468.90.
Entre las contundentes pruebas de este ilícito hecho figuró la pericia de ingeniería civil que determinó el mal estado de la construcción. Se comprobó que la obra no tenía piso, puertas ni baños y las columnas de concreto se caían y estaban rajadas, entre otras deficiencias.
El fiscal anticorrupción Arturo Valencia demostró en audiencia que ambos acusados defraudaron patrimonialmente al Estado, colocando datos falsos en el cuaderno de obra e informes quincenales, con el fin de sustentar que dicha construcción había concluido al 100% y conseguir así que la empresa contratista obtenga el pago total de S/ 309 468.90.
Entre las contundentes pruebas de este ilícito hecho figuró la pericia de ingeniería civil que determinó el mal estado de la construcción. Se comprobó que la obra no tenía piso, puertas ni baños y las columnas de concreto se caían y estaban rajadas, entre otras deficiencias.
Ambos deben pagar de forma solidaria el monto de S/ 242,059.60 como reparación civil por el perjuicio económico ocasionado al Estado.
