Poder Judicial condenó al excongresista Michael Urtecho a 22 años y 5 meses de prisión por enriquecimiento ilicito

Poder Judicial condenó al excongresista Michael Urtecho a 22 años y 5 meses de prisión por enriquecimiento ilicito

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó al excongresista Michael Urtecho a 22 años y 5 meses de prisión por el delito de concusión en agravio de cuatro de sus extrabajadoras Gladis Flores Galves, Estela Bocanegra Alayo, Karla Paredes Vera y Evelyn Goicochea Miranda; así como por enriquecimiento ilícito en agravio del Estado.

En esa misma línea, el colegiado supremo sentenció a la esposa del exparlamentario, Claudia Gonzales Valdivia, a 28 años de prisión como cómplice del delito de concusión en agravio de las extrabajadoras Flores Galves, Goicochea Miranda y Bocanegra Alayo, así como por los delitos de peculado por extensión y lavado de activo.

SUSPENSIÓN DE LA PENA

Al respecto, se dispone la suspensión de las sentencias hasta que estas sean declaradas consentidas, mientras tanto ambos condenados deberán cumplir con medidas con restricciones como vigilancia policial e impedimento de ausentarse de su residencia sin autorización judicial.

Estas medidas estarán vigentes en tanto la condena impuesta adquiera la condición de cosa juzgada, señala el fallo judicial.

REPARACIÓN CIVIL
Asimismo, el tribunal impuso el pago de S/ 630 mil 666 por concepto de reparación civil a favor del Estado, el cual deberá ser cancelado de forma solidaria por ambos sentenciados, ello, por el delito de colusión.

En el extremo del delito de enriquecimiento ilícito, la Sala Suprema dispone que Urtecho debe pagar 2 millones 407 mil 990 por reparación civil, mientras que a su esposa se le impone S/ 100 mil por el mismo concepto, sin perjuicio de devolver el dinero, bienes, efectos o ganancias de cuyo origen ilícito se ha visto beneficiada.

En el caso del exparlamentario se les acusa de haber abusado de su cargo, el cual ejerció durante dos periodos 2006-2011 y 2011 al 2013 al obligar a sus trabajadoras a entregarle parte de su sus sueldos a cambio de permanecer en sus puestos de trabajos.

Mientras que en el caso de Gonzales, se le imputa de haber prestado apoyo para cometer dichos ilícitos al concluir que sin su ayuda Urtecho no habría podido realizar los delitos que se le imputa.

La Sala Pena Especial de la Corte Suprema es presidida por el juez supremo Víctor Prado Saldarriaga e integrada por sus pares Inés Villa Bonilla y José Neyra Flores.

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